¿Cuál Espacio Público?

Espacio Público es un concepto  contemporáneo para  “satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales”, que tiene una especial dimensión social, cultura y política. Que lo encontramos en calles, andenes, plazas, carreteras, parques, estaciones y bibliotecas entre otros. Habermas filósofo y sociólogo alemán, describe el espacio público como ese lugar donde los hombres razonables ocupan un espacio y que éste es controlado por las autoridades, para que no se desdibuje su objetivo de interacción y convivencia ciudadana.

  CARRERA 3a. DE IBAGUE

Interesante concepto, cuando lo contrastamos con la realidad de Ibagué, que crece así sea por ley de gravedad y nos duele a todos ver  como se cambian los hábitos y costumbres de sus  habitantes.

El  espacio público es una problemática que recorre la geografía del país,  pero se agudiza en aquellas que tienen altos índices de desempleo como Ibagué y a eso agréguele pobreza y miseria que son el resultado de lo primero.  Suficientemente se ha pronunciado la corte constitucional, recomendando a las administraciones y autoridades

Observar la realidad de cada una de las personas que ejercen el comercio informal en los espacios públicos.  Por ejemplo hablemos de un censo serio y confiable que permita identificar quien es esa persona que ejerce la actividad, cómo es su entorno familiar, que responsabilidades tiene y finalmente cuál es su perfil laboral.

No nos digamos mentiras, detrás de todas esas personas que vemos en la calle, sabemos que de una misma familia hay fácilmente entre ocho o diez miembros. Se vuelve una cadena de valor indispensable para la supervivencia de esos núcleos familiares.

Lamentablemente una de las fórmulas planteadas por la Corte es la de ofreceré garantías a los informales y facilitar una reubicación para que ejerzan su actividad de una manera digna y organizada. Cunden los malos ejemplos como el del centro comercial López Galarza,  que con disponibilidad de 242 locales, sólo pudo adjudicar 235 y de esos escasamente se ocupan 45, del resto ni hablar, entregados pero no ocupados, y los ocupados no pagan. Terminó siendo más grave la medicina que el mal.

En Cartagena ocurrió algo similar, pero allá no los reubicaron los indemnizaron con siete millones a cada uno de los vendedores plenamente identificados como informales. A los pocos meses estaban nuevamente en la calle vendiendo. Conclusión fórmulas no efectivas.

Los estudios, sondeos y encuestas muestran que en Ibagué una de las formas preferidas de supervivencia son la mendicidad y la venta informal, por eso yo no creo en las caída del índice de desempleo en Ibagué, lo que pasa es que cambia de cuadrante y se refleja en el vendedor informal regado por las calles y ándenes, el rebusque en los semáforos, el trueque en las plazas, el cambalache en los negocios  y la mendicidad en parques, iglesias, ándenes, restaurantes, cafeterías entre otros.

Ocupadísima ha estado la Corte Constitucional atendiendo las tutelas que buscan preservar los derechos fundamentales de los vendedores ambulantes al  trabajo, al mínimo vital, al debido proceso y a la confianza legítima que se configura con las siguientes pruebas: carnés, licencias, permisos y autorizaciones concedidas por la administración, promesas incumplidas y demás actos administrativos expedidos por autoridades competentes de los que se haya derivado expectativa favorable para el vendedor.

A mediados de los 99  la Sentencia Unificada-360  de la Corte Constitucional, señaló que:“…las autoridades no pueden apuntar a un solo objetivo de carácter policivo en el momento en que se deciden a cambiar las condiciones que han generado ellas mismas, para el ejercicio de una actividad o para la ocupación de zonas de uso público, porque ellas son, por mandato constitucional, también las responsables de las alternativas que en este sentido se puedan desplegar para darle solución a los problemas sociales de sus propias localidades. En ese sentido no pueden buscar culpables solo en los usurpadores del espacio público sino en su propia desidia en la búsqueda de recursos efectivos en la solución de problemas sociales. Sea cual fuere la responsabilidad, la actuación de las autoridades policivas tiene que ser razonable.”

Y sobre la confianza legítima expreso: “La denominada confianza legítima tiene su sustento en el principio general de la buena fe. Si unos ocupantes del espacio público, creen, equivocadamente claro está, que tienen un derecho sobre aquél porque el Estado no solamente les ha permitido sino facilitado que ejecuten actos de ocupación, y han pasado muchos años en esta situación que la Nación y el Municipio contribuyeron a crear, es justo que esos ocupantes no queden desamparados porque estamos en un Estado social de derecho. Pero, es necesario aclarar, la medida de protección que se dé no equivale a INDEMNIZACION ni a REPARACION, como tampoco es un desconocimiento del principio de interés general.”

En ese orden de ideas, será muy difícil que la administración garantice la recuperación del espacio público, y eso lo saben  los grandes mayoristas  que surten con sus baratijas a los informales,  ellos siguen sin ningún problema,  no les afecta  el  decreto 091 del 2005 que prohíbe a los transeúntes la compra de elementos a los vendedores ambulantes, ellos seguirán surtiendo y llenando las calles de hombres y mujeres que nunca aspirarán a un empleo formal, y que seguirán gambeteando con los policías y los funcionarios  de la Alcaldía, para mantener  esos pesitos diarios de miseria. 

Ojala,  algún día llegue a la administración un alcalde que se interese por conocer el verdadero origen de las mercancías que inundan la ciudad, que los operativos de decomiso sean con los que  mayoristas que compran originalmente y no con los más débiles que revenden. Intentar la creación de una mesa de diálogo y concertación con estos señores mayoristas y formular una alternativa de trabajo digno sin atentar contra el espacio público de la ciudad, de lo contrario seguiremos buscando el ahogado río arriba.