EL IPC
La corrupción se define como el mal uso del poder para obtener beneficios en lo público o en lo privado, y no sólo beneficio personal sino el del grupo de familiares y amigos. Todo lo anterior en detrimento del bienestar colectivo. Como quien dice un monstruo que tiene dientes bien afilados, muerde y hace daño. Sobre todo a los más vulnerables y necesitados que no logran absorber sus costos. Le resta legitimidad a las empresas e instituciones, crea fisuras en la autoridad y debilita la confianza ciudadana.
En Ibagué se volvió hizo costumbre en las reuniones sociales, empresariales y en los diversos medios de comunicación, escuchar, leer o ver a detractores o delatores, comentar sobre hechos y actos de corrupción de gobernantes, altos funcionarios y contratistas entre otros. Que ellos, sus familiares y amigos se enriquecen sin justificación alguna. Pero de ahí no pasa. Estamos despreocupados y poco preocupados y ocupados por el cuidado de lo público. O se está calumniando infamemente o se están callando descaradamente las conductas reprochables de corrupción. Ahora bien, existen las instancias para llevar a conocimiento estos hechos y que sean éstas las que investiguen, prueben y condenen o absuelvan conforme su resultado final.
No ayuda en este propósito de combate contra la corrupción, creer que ante las innumerables formas y figuras para hacerle el quiebre a los presupuestos, resulta imposible de erradicar. No. Es hora de mostrar más compromiso y exigir rendición de cuentas. Por estos días el Presidente del Congreso, Armando Benedetti, proponía para todos sus miembros, la aplicación de mecanismos que permitan un riguroso seguimiento de los bienes, actividades económicas y participación en sociedades. Igual debemos hacer nosotros con aquellos que deciden y disponen sobre el presupuesto departamental y municipal.
Si nos rendimos, para los corruptos mejor. Pero si pensamos que cada peso que se desvíe con rumbo a un patrimonio particular, está restando opciones a la infraestructura, a la educación, a la salud y al bienestar de los ibaguereños, comenzaremos a darle estatus de problema que requiere urgente solución. Lamentablemente el gobierno nacional está más interesado en mantener el esquema de la seguridad democrática, que estructurar o diseñar estrategias y acciones que conduzcan a minimizar la corrupción en el país.
Mucho ayudarían las universidades regionales, involucrándose en este propósito colectivo, reinventado y socializando estrategias que a mediano y largo plazo, cultiven conciencia social y despierten verdadero interés por lo público. Además, hacernos entender que una de las formas o tal vez la única, que nos puede ayudar a salir de este atraso y rezago frente al contexto nacional, será la creación de una fórmula mágica para conjurar y erradicar la corrupción que tanto le ha quitado a las últimas generaciones de tolimenses.
